Hace pocos días, se ha producido otro suicidio por acoso escolar. Lucía, de 12 años, estudiante del CEIP César Manrique de Puerto de la Cruz en Tenerife, se ha quitado la vida. Otro suicidio por acoso escolar más en España, entre las decenas que se están produciendo en los últimos años. Una niña inocente, con dificultades educativas que, según su entorno más cercano, sufría maltrato reiterado dentro del centro educativo.
Cuando el escritor Emile Zola escribió su famoso alegato ¡ J’accuse…! en el caso Dreyfus, en contra de la iniquidad en nombre de la razón de estado, por la injusticia y maldad que condenaba a un hombre inocente y exoneraba a otro culpable, por el interés de conservar el statu quo de un sistema político decadente, la sociedad francesa despertó.
En el acoso escolar ocurre la mismo, se condena a las víctimas a un infierno, del que muchas veces no pueden salir: o se suicidan o ven sus vidas destrozadas para siempre, con secuelas psicológicas y emocionales profundas. Mientras tanto, se exonera al propio sistema y a las personas que lo representan. ¡Ya basta! ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes tienen que suicidarse para que cambien las cosas?
Desde la sociedad civil exigimos responsabilidades civiles y penales por omisión de ayuda. Responsabilidad civil a la administración pública, encarnada por los responsables educativos. Responsabilidad penal a los adultos que no han ejercido su labor de in vigilando de Lucía y de tantos niños, niñas y adolescentes, que se han quitado la vida por culpa de su inoperancia e incompetencia.
Las excusas no nos valen. Lucía ya no está. Kira, Alejandro, Daniela, Diego…, de una lista interminable, tampoco. 20 años desde el suicidio de Jokin -el primer caso visibilizado por los medios de comunicación-, y estamos peor que antes, siendo España uno de los países del mundo con mayor incidencia. Y se sigue negando la mayor por medio de muchos responsables educativos.
Ahora vamos a hablar de prevaricación. Según el diccionario de la Real Academia Española, consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia, en la que el sujeto activo, solo puede ser una autoridad pública, un funcionario o un juez. Por esa misma razón, se castiga este delito con la inhabilitación del empleo o cargo público. Excepto cuando hablamos de acoso escolar.
Si un funcionario público o privado del ámbito de la educación, realiza actos o comportamientos contrarios a los deberes inherentes a su cargo, está cometiendo prevaricación, así de simple. Si un profesor o profesora no protege a un niño o niña que está sufriendo maltrato y lo minimiza o lo justifica, está prevaricando. Si un director o directora minimiza cualquier caso de acoso escolar, negándolo, ocultándolo, o manipulando el protocolo de actuación, o negándose a abrirlo, está prevaricando. Si un inspector o inspectora de educación, minimiza o justifica cualquier caso de acoso escolar y no atiende a las familias, ni tiene en cuenta la documentación aportada y se posiciona por defecto del lado del centro escolar, está prevaricando. Pero resulta que el sistema les protege. Así de simple.
Venimos denunciando desde hace años, cada vez que hay un suicidio, que hay que poner remedio y de que, de no ponerlo, seguirán ocurriendo, a pesar incluso, de que se intentan invisibilizar o justificar.
Se dice que el suicidio es multifactorial, como si eso significase que el acoso escolar es un motivo menor. Esta aseveración, es una forma de exonerar las responsabilidades de los adultos que lo permiten, por acción u omisión.
Vamos a explicar algo que deberían saber los responsables educativos, y los responsables políticos, de quien estos dependen. Lo primero, que el acoso escolar es la principal causa de suicidio en la infancia y la adolescencia, con lo cual, esta huida de la responsabilidad institucional, no se sostiene. Lo segundo, que -en cualquier proceso de acoso escolar- influyen tres variables: la frecuencia del maltrato, la intensidad del mismo y la resiliencia de la víctima. Esta última variable no es la que genera el acoso, sino la frecuencia del maltrato y la intensidad, que son responsabilidad del centro educativo, que tiene la guardia y custodia de los menores. De hecho, la resiliencia debe considerarse como un factor esencial en el proceso de daño, ya que implica la capacidad del menor para gestionar el proceso de maltrato. En el caso particular de Lucía, con trastorno del espectro autista, su vulnerabilidad es mucho mayor, y debería habérsele proporcionado atención especializada y apoyo constante. La información de su entorno cercano de que sufría acoso escolar es más que significativa.
Otra información que deberían conocer los responsables educativos es que el acoso escolar es un proceso sumatorio, o sea, que va siempre a más, nunca a menos. Esto quiere decir que cuanto más tiempo se tarde en detectarlo y en intervenir, mayor sufrimiento de la víctima. Unos protocolos de actuación lentos, burocráticos y administrados por el director o directora del centro educativo, que son juez y parte del proceso, es una garantía para la protección del colegio, de inspección educativa y del propio sistema, pero nunca de la víctima y su familia.
En consonancia con ser un proceso sumatorio, -y esto es de capital importancia-, el acoso escolar es un proceso incremental, lo que quiere decir, que -en cualquier momento del proceso- puede producirse un suceso de especial intensidad, que incrementa el daño de forma exponencial. De manera gráfica, quiere decir que, desde la situación de ansiedad y continuo estado de alerta de la víctima, este suceso intenso puede llevarla súbitamente, a las autolesiones y a la ideación suicida.
Para finalizar el artículo, me gustaría desmentir algunas falacias que se producen en la mayoría de los casos de suicidio por acoso escolar:
1.- La no apertura del protocolo NO significa que el acoso escolar no exista, sino simplemente, que se ha fallado en la prevención, en la detección temprana y en la intervención, y este hecho debería tener consecuencias y asunción de responsabilidades.
2.- El protocolo de actuación es confidencial. Esto es un fraude de ley. Los protocolos deben ser confidenciales para todo el mundo EXCEPTO para las familias implicadas, que tienen derecho a estar informadas en tiempo y forma de cada actuación del colegio.
3.- Un teléfono público es de gran ayuda en la prevención del acoso escolar. FALSO. El teléfono público se ha convertido en un mero recurso de derivación a otros organismos públicos y privados. De hecho, nuestra asociación es recurso de derivación del teléfono público.
4.- Un plan de convivencia elimina el acoso. NO. Convivencia y prevención del acoso escolar no son sinónimos. Una buena convivencia puede ayudar a prevenir el acoso escolar, pero no es suficiente. Es necesario un plan específico, que analice la incidencia del acoso, que haga prevención con el alumnado, profesorado y familias, e intervención con víctimas y victimarios, y que además mida el impacto del programa. Todo esto lo aplica nuestro Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar, que ponemos a disposición de las autoridades públicas.
El acoso escolar mata, o eres parte del problema o eres parte de la solución.
Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva
Presidente de AEPAE
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