El adultocentrismo es un concepto que se refiere, a la supremacía social de los adultos sobre los niños y adolescentes: lo que sienten los niños son insignificancias propias de la edad. Las demandas de atención de los adolescentes son caprichos impulsivos y egocéntricos que hay que controlar. Los menores no tienen ni voz ni voto, y la opinión de los adultos se impone ante el sufrimiento de las víctimas. Esta hipocresía, que no ocurre en otras facetas de la realidad social, ocurre a diario en el acoso escolar.
El adultocentrismo toma especial relevancia en los responsables educativos, que prefieren no reconocer que la situación del acoso escolar en España es grave y a veces dramática y que miles de niños, niñas y adolescentes sufren maltrato escolar en los centros educativos. No es una opinión, no hay más que revisar los diversos estudios de incidencia y hacer la media: uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes, sufre acoso escolar en nuestro país, esto es, un millón y medio de estudiantes.
AEPAE no tiene ideología y jamás se posicionará en ningún lugar del tablero político. Nuestra única directriz es la protección de los niños, niñas y adolescentes que sufren acoso escolar y que se sienten abandonados por los adultos que deberían protegerles. Pero toca hablar de política, que no de ideología.
Podemos definir política como el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que detentan el poder, entendiendo que el poder político está compuesto por la suma de responsabilidades y acciones que ejercen estas mismas personas en el desempeño de sus cargos. En un sistema democrático, los políticos son elegidos por los ciudadanos de manera libre y mediante el voto popular, pero esto sabemos que es una falacia. A la hora de confeccionar las listas de gobierno de cualquier partido político, suele prevalecer el nepotismo y los favores debidos, por encima de la meritocracia, salvo honrosas excepciones, que las hay. Las decisiones no las toman los especialistas independientes, sino los intereses ideológicos de partido. Tenemos que hablar claro si queremos cambiar la situación. Hace unos días me hicieron una pregunta en el noticiario 24 horas de RTVE: «¿como es posible que después de 20 años, sigamos haciendo las mismas entrevistas y debates sobre el acoso escolar y estemos en el mismo lugar?» Creo que la pregunta se responde por sí sola.
Llevamos 20 años luchando para que se reconozca la dignidad de las víctimas de acoso escolar y de sus familias, que son abandonadas por el sistema. Pero lo más grave es que después de visibilizar el problema, denunciarlo y aportar soluciones reales, eficaces y medibles, seguimos en el mismo lugar: el acoso escolar es la principal causa de suicidio en la infancia y la adolescencia. Pero hay un suicidio vital de los menores que lo sufren, más allá del drama de muchas familias que han perdido a sus hijos e hijas, por no poder soportar más ese dolor, que les va destrozando física y emocionalmente. Son niños, niñas y adolescentes, que no volverán a ser los mismos. Que llevarán a su vida de adulto inseguridades, frustración, ansiedad y depresión, prescritas por el sistema educativo.
Nos resulta sorprendente la situación que se está produciendo: por un lado hay más conciencia social que nunca de la gravedad del problema, pero al mismo tiempo, existe una alarmante falta de conocimiento de la verdadera naturaleza del acoso escolar. No hay más que observar las medidas que se adoptan desde los estamentos públicos de uno y otro perfil ideológico. Medidas cosméticas que no arreglan nada, y ayudan a normalizar la violencia institucional.
Para que se entienda, ese desconocimiento de la gran mayoría de responsables educativos, voy a explicar el caso de Sandra Miranda, madre de Daniela, que se suicidó por sufrir acoso escolar el pasado mes de noviembre. Sandra, pide una ley específica contra el acoso escolar, que unifique protocolos, haciéndolos operativos, que aporte recursos y establezca responsabilidades, mientras su hija, hermana de Daniela, escribe una carta a la Presidencia del Gobierno. La respuesta institucional es que “están comprometidos con la lucha contra el acoso escolar y que persiguen un enfoque educativo y no meramente sancionador”. Más allá de lo políticamente correcto de la carta, el enfoque del acoso escolar tiene que tener un enfoque educativo obviamente, pero también sancionador –a los adultos responsables- y hacia los victimarios, con una sanción reeducativa, más que punitiva. Desconocer esto, es no tener idea de qué es el acoso escolar. Habla el escrito en otro de sus párrafos, del teléfono público como recurso, pero resulta que es meramente una herramienta de derivación hacia otros estamentos -entre ellos nuestra propia asociación-.
También habla el escrito institucional de que las aulas deben ser entornos seguros y de que han sacado adelante la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia. Esta ley en resumen, reconoce el acoso escolar como una forma de violencia contra la infancia y la adolescencia, que el entorno escolar debe ser un espacio seguro, la designación del coordinador del bienestar, la necesidad de formación del personal docente y las familias, la participación de toda la comunidad educativa y la especial protección de los colectivos vulnerables. Muy bonito alegato de ser cierto, pero la realidad nos dice todo lo contrario: el acoso escolar es violencia, pero no se actúa contra ella, más allá del entramado administrativo y burocrático de los protocolos; los espacios no son seguros; el coordinador del bienestar es parte del personal docente del centro, en la mayoría de los casos, y no suele tener ni el tiempo ni la preparación para hacer frente al acoso escolar y la formación realista y operativa, brilla por su ausencia; la implicación de toda la comunidad educativa no es posible cuando hay un conflicto evidente entre las necesidades de las víctimas y la manera de abordarlo por el centro escolar e inspección educativa -si no fuese así ¿por qué la solución que eligen las familias es el cambio de colegio?; por último -y esta es la más lamentable de todas-, la especial protección a los colectivos vulnerables, que siguen sufriendo acoso escolar severo, especialmente el colectivo TEA.
En AEPAE disponemos de un plan nacional operativo, realista, basado en 20 años de experiencia directa con más de 9.000 víctimas en el entorno educativo, familiar, social y legal, que reduce la incidencia del acoso escolar en un 67% y en un 94% en victimas severas. Disponemos de un test de incidencia especializado que detecta el acoso escolar en todas sus manifestaciones, una red de psicólogos especializados en acoso escolar, formación a docentes, sensibilización en el aula, formación a alumnos ayudantes, herramientas didácticas de uso en el aula, talleres de herramientas asertivas para las víctimas, y de resolución pacífica de conflictos para los victimarios, y un campamento de verano terapéutico para víctimas severas de acoso escolar. Todo esto lo ponemos a disposición de las autoridades educativas para marcar un cambio real en el acoso escolar en España. El acoso escolar es normalización de la violencia en todas sus manifestaciones: xenofobia, homofobia, violencia de género y no respetar la diversidad funcional, pero sobre todo es dolor y sufrimiento insoportables hacia las víctimas y sus familias. Como sociedad no podemos permitírnoslo. Debemos afrontarlo con firmeza y valentía por el futuro de la sociedad. No olvidemos que convivencia y acoso escolar no son sinónimos: pensar que un plan de convivencia soluciona el acoso escolar, es como pensar que una ley del buen trato, podría solucionar la violencia de género.
Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva
Presidente de AEPAE
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