Lindsay, una niña de 13 años, residente en la ciudad francesa de Lille, se quitó la vida el pasado 12 de mayo tras sufrir acoso escolar a diario: palizas, insultos y humillaciones por parte de sus compañeros del colegio. El caso ha conmocionado a Francia y el ministro de Educación francés, Pap Ndiay, calificó la situación de ‘fracaso colectivo’ del país galo. Señaló que el suicidio de Lindsay es una tragedia para sus seres queridos, para la educación nacional y para el país.
Sucesos dramáticos como este están sucediendo en España desde hace muchos años. Sin embargo, en nuestro país, los responsables educativos permanecen escondidos, sin dar la cara ni asumir ninguna responsabilidad cuando un niño, niña o adolescente se quita la vida por culpa del acoso escolar. Podemos llamar a esto dejación de funciones y -si saben lo que está ocurriendo y no intervienen- podríamos hablar también de prevaricación. José Manuel López, padre de Kira, adolescente que se suicidó por culpa de sufrir acoso escolar varios años, entregó el pasado mes de noviembre, al secretario de estado de Educación y a la ministra de Educación, 232.000 firmas para la creación de una ley específica contra el acoso escolar; y una carta de AEPAE en la que se resumía la situación del acoso escolar en España, así como nuestro plan de abordaje. Nos poníamos a su disposición para trabajar en la elaboración de un Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar. Ninguna noticia. Ningún interés. La cobarde callada por respuesta.
Los cuatro acosadores de Lindsay, que son menores y están cumpliendo arresto domiciliario, fueron imputados el 25 de mayo por ‘acoso escolar con resultado de suicidio’. Esto no evitó que se hayan jactado en redes sociales de lo ocurrido, creando perfiles falsos para divulgar sus mensajes. Se mofan de la muerte de la joven dejando frases como las siguientes: «Lindsay por fin está muerta» y «Voy a mear en su tumba». Esto es el resultado de la impunidad de los acosadores y acosadoras, y de una sociedad que sobreprotege a los menores infractores. Una sociedad buenista, en la que se legitima que maltratar es rentable. La víctima se tiene que marchar del colegio, buscar atención psicológica privada, arrastrar secuelas muchas veces para siempre y, en el peor de los casos, quitarse la vida. Los acosadores y acosadoras se quedan en el colegio, pocas veces sufren represalias y cuando son sancionados, lo son de manera punitiva y complaciente: se van a sus casas a descansar, a jugar a videojuegos, o a seguir maltratando virtualmente a la víctima (lo que se conoce por ciberacoso escolar). Proyectos a futuro de maltratadores y maltratadoras en el trabajo y en las relaciones de pareja. De aquellos polvos vienen estos lodos.
Llevamos diciendo desde hace varios años que el acoso escolar es un problema de derechos humanos. NO es un problema menor que se circunscribe al ámbito educativo. También llevamos muchos años denunciando la gravedad de la situación, e incluso el fraude institucionalizado en que se sustenta el sistema educativo en esta materia. También predijimos que el acoso escolar les iba a explotar en la cara a los responsables educativos. Así ha sido. Los suicidios se suceden año tras año y van en aumento.
El Plan Nacional para la Prevención del Acoso escolar que desarrolla AEPAE tiene dos líneas de actuación: la prevención y la intervención urgente con los menores que ya lo están sufriendo. Es un plan que sensibiliza a la población estudiantil, forma al alumnado ayudante, imparte formación a las familias, al personal docente y no docente, aporta herramientas de uso en el aula, empodera a las víctimas y empatiza a los acosadores; y mide la incidencia en la pre-intervención y en la post-intervención, analizando de manera científica el impacto del programa. Pero eso no interesa, es más fácil seguir negando la mayor y decir que el acoso escolar es algo residual, que está controlado por el protocolo de actuación oficial y supervisado por inspección educativa. Es más fácil revictimizar a los niños, niñas y adolescente que lo sufren. Es más fácil ignorar a las familias, amenazarlas por absentismo y agotarlas de tanto luchar contra un sistema podrido.
La próxima semana, AEPAE realiza el VI Campamento de Verano para Victimas Severas de Acoso Escolar, esas que según los responsables educativos no existen. Por supuesto lo hacemos sin ningún apoyo público. Menores con estrés postraumático, autolesiones e ideación suicida, que están en salud mental, machacados por un sistema que los condena al infierno. Desde aquí invitamos a los inspectores e inspectoras de educación a que nos acompañen, a ver si después siguen desestimando los protocolos de acoso que les llegan sesgados, en connivencia con los colegios. También invitamos, como no, al secretario de Educación y a la ministra, para que asistan y se planteen que, si no van a hacer nada más allá que proteger su sinecura, su empleo cómodo y bien retribuido, se marchen a su casa y se dediquen a otra cosa. Que dejen paso a algún responsable educativo con la suficiente empatía, humanidad y valentía, para coger al toro por los cuernos y proteger a nuestros menores.
Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva
Presidente de AEPAE
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