Durante demasiado tiempo, miles de familias han escuchado una frase que, lejos de proteger a nuestros hijos e hijas, ejerce de silencio cómplice contra el sistema: “No podemos informarle de nuestras actuaciones, porque el protocolo es confidencial”. Un protocolo de actuación, que debería abrirse ante los primeros indicios de maltrato reiterado entre iguales, dentro del centro educativo. Un protocolo que debería cumplir con las tres acciones que no cumple: proteger a la víctima, sancionar al victimario y sensibilizar en el aula. Un protocolo que se ha convertido en la gran mayoría de los casos, en coartada de la dejación de funciones del centro educativo, que tiene la guardia y custodia de los menores y la obligación de garantizar su bienestar físico, emocional y psicológico, desde que entran en el centro educativo, hasta que salen del mismo. Un protocolo de actuación que debería ser rápido y transparente, por el bien de las víctimas que sufren acoso escolar y que están en un grave riesgo: el acoso escolar tiene un efecto sumatorio e incremental, que lo hace imprevisible. Un suceso de especial intensidad puede acrecentar el daño de forma exponencial: estamos hablando de autolesiones e ideación suicida.