El acoso escolar es la principal causa de suicidio en la infancia y la adolescencia. Solo este dato debería ser suficiente para acometer un problema social que genera un sufrimiento insoportable en muchas víctimas y sus familias. Sufrimiento muchas veces irreparable. Pero no solo es que sea la principal causa de suicidio, sino que es una forma de violencia que sufren tres millones de niños, niñas y adolescentes en España, según los últimos estudios de incidencia.
Si el primer reto social fue el establecimiento de las políticas de género, y el segundo el de la diversidad funcional, sexual y de género, el tercer reto y materia pendiente es el acoso escolar.
Muchas personas, desconocedoras de la naturaleza del acoso escolar, más allá de los tópicos y lugares comunes, no entienden que haciendo una eficiente prevención e intervención, prevenimos la xenofobia, la homofobia, el maltrato por diversidad funcional e incluso la violencia de género, ya que son tipologías inherentes en muchos de los procesos de acoso escolar.
Ahora vamos a hablar de prevaricación. Según el diccionario de la Real Academia Española, consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia, en la que el sujeto activo, solo puede ser una autoridad pública, un funcionario o un juez. Por esa misma razón, se castiga este delito con la inhabilitación del empleo o cargo público, excepto cuando hablamos de acoso escolar.
Si un funcionario público o privado del ámbito de la educación realiza actos o comportamientos contrarios a los deberes inherentes a su cargo, está cometiendo prevaricación, así de simple. Si un profesor o profesora no protege a un niño o niña que está sufriendo maltrato y lo minimiza o lo justifica, está prevaricando. Si un director o directora minimiza cualquier caso de acoso escolar, negándolo, ocultándolo, o manipulando el protocolo de actuación o negándose a abrirlo, está prevaricando. Si un inspector o inspectora de educación, minimiza o justifica cualquier caso de acoso escolar y no atiende a las familias, ni tiene en cuenta la documentación aportada y se posiciona por defecto del lado del centro escolar, está prevaricando. Pero resulta que el sistema les protege. Así de simple.
El sistema es el muro de contención de la vergüenza. Un sistema de cobardes, alimentado por cobardes, que pretenden que nada les salpique. Unos responsables educativos que pretenden mantener su sinecura, su empleo cómodo y bien retribuido. Así de simple.
Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Venimos denunciando desde hace años, cada vez que hay un suicidio, que hay que poner remedio y que si no habrá más suicidios. Y los suicidios siguen ocurriendo, a pesar incluso de que se intentan invisibilizar.
El pasado mes de noviembre José Manuel López, padre de Kira, la adolescente que se suicidó a consecuencia de ser víctima de acoso escolar, entregó en el Congreso de los diputados 232.000 firmas pidiendo una ley específica contra el acoso escolar. En dicha reunión entregó a la ministra una carta de AEPAE en la que le exponíamos, exhaustivamente, cual es la situación del acoso escolar en España. Nos poníamos a su disposición para reunirnos y buscar soluciones. Ningún resultado. Ningún interés. Ninguna noticia. Más de los mismo. Una vergüenza.
Desde AEPAE lanzamos un aviso a la sociedad. Si la educación es obligatoria hasta secundaria y se condena al infierno a las víctimas del acoso escolar en los centros educativos, el sistema educativo está maltratando a la población estudiantil. Así de simple. Esto no va de derechas o de izquierdas. Los niños no entienden de ideología. Los niños y niñas son personas pequeñas que merecen todo nuestro cariño y protección. ¿Qué pasaría si todas las familias hiciesen una macrodenuncia al ministerio de educación por dejación de funciones, pidiéndoles daños y perjuicios? ¿Qué pasaría si se inhabilitase a los profesionales de la educación que prevaricasen?
Los protocolos de actuación se han convertido en una justificación administrativa para proteger al propio sistema -los pocos que se llegan a abrir y que llegan a inspección educativa sesgados-, y el teléfono público es, de facto, un mero recurso de derivación que no arregla en absoluto el problema, y que recibe, por cierto, cientos de miles de euros de subvención. Así de simple.
El acoso escolar mata. Así de simple.
Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva
Presidente de AEPAE
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