Se acaba de iniciar el curso académico 2020/2021 en unas condiciones excepcionales provocadas por la pandemia del coronavirus. Una etapa plagada de miedos e incertidumbres. Un curso en el que volverá a producirse acoso escolar. El modelo de enseñanza mixto, compaginando el aprendizaje presencial y el virtual no hará que disminuya el maltrato entre iguales, sino que hará que predomine el ciberacoso que, no olvidemos, es consecuencia y caja de resonancia de lo que sucede dentro de cada centro escolar.
Entendamos que el acoso escolar es maltrato, violencia normalizada e indefensión. No es un problema social que se circunscriba al ámbito educativo, sino un problema de derechos humanos, como así lo refleja Amnistía Internacional en su último informe, ya que en su desarrollo se encuentran muchas veces la xenofobia, la homofobia, la violencia de género y la discriminación a las personas con diversidad funcional.
Desde AEPAE, Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, queremos denunciar la manipulación que se está realizando desde las instituciones públicas a la hora se reflejar la situación del acoso escolar en España, y especialmente en la Comunidad de Madrid. El pasado 14 de Julio se presentó el IV informe anual sobre convivencia y acoso escolar, de la mano del Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. En el citado informe, se detalla que se han contabilizado tan solo 41 casos de acoso escolar en la Comunidad de Madrid, en el último curso académico, destacando que se va por el buen camino y que el acoso escolar es algo meramente residual ya que tan solo el 1% del alumnado presenta indicadores de potencial acoso escolar. Estos indicadores de que habla el consejero de educación son Inspección Educativa -que contabiliza tan solo 41 casos de acoso escolar- y el programa Sociescuela -que señala el 1% de acoso potencial-. Esto es sencillamente mentira y es un insulto a las miles de familias que sufren o han sufrido acoso escolar, y vamos a explicarlo con detalle y con mucha claridad.
En materia de acoso escolar, inspección educativa es un mero organismo de recepción de informes y protocolos de acoso escolar, que ignora, minimiza o relativiza el 99% de los casos. Pero vamos a ir por partes. Vamos a hablar primero de los protocolos que dejan en absoluta indefensión a las familias. El carácter administrativo y burocrático, dificulta de entrada, su aplicación. La persona que tiene la responsabilidad de abrir el protocolo en los centros escolares es el director o la directora. No suelen abrir los protocolos por defecto, y solo lo hacen bajo la insistencia hercúlea de las familias y cuando estas demuestren de manera irrefutable y con multitud de pruebas documentales -cronologías, partes de lesiones, informes periciales de profesionales de la psicología o la psiquiatría, mensajes y pantallazos de las redes sociales, etc.-. Y tenemos constancia documental, que muchas veces, ni así abren el protocolo, e invitan a las familias a cambiar a su hijo o a su hija de colegio.
Ahora vamos a ver qué ocurre cuando sí se abre el protocolo. No se muestran los documentos de ese protocolo a las familias, aduciendo que es confidencial -así lo especifica el propio protocolo, siendo un fraude de ley-, con lo que las familias no tienen constancia de que los hechos relatados en el mismo sean ciertos, ni siquiera si el centro escolar ha aportado o no la documentación pertinente. La documentación que contiene el protocolo de actuación no es confidencial en ningún caso para las familias implicadas. Se les niega su derecho a la réplica, a la revisión de que se han aportado las pruebas documentales e incluso a emprender acciones legales por vía civil o penal si lo consideran necesario, tanto contra el centro escolar por dejación de funciones y/o no cumplir con su obligación de “in vigilando”, o contra los presuntos agresores -si tienen 14 o más años y responsabilidad penal- o contra sus familias si son menores de 14 años.
Pero seguimos avanzando en esta explicación que no tiene desperdicio. ¿Como llegan los poquísimos protocolos a inspección educativa, después de pasar todas estas vicisitudes? Llegan sesgados y manipulados y en consecuencia son desestimados en su gran mayoría. Esta es la razón por la que solo se contabilizan 41 casos de acoso escolar, dejando miles de ellos por el camino.
Ahora toca hablar de otra manipulación sobre la incidencia del acoso escolar, la del programa Sociescuela. La prueba Sociescuela, para que todo el mundo se entere, NO es un test de incidencia del acoso escolar, aunque intenten vendérnoslo como tal. Se trata tan solo de un sociograma, que mide el clima relacional del aula: alumnos con un mayor o menor riesgo de exclusión, y grupos de filiación. Pero ¿es posible saber cuál es la incidencia del acoso escolar en España y en concreto en la Comunidad de Madrid? Según los últimos estudios: Cisneros X, Save the Children, Unicef, Fundación Anar, Amnistía Internacional y el propio estudio de AEPAE, la incidencia oscila entre un 9% y un 24%. Cogiendo el estudio menos contundente y extrapolándolo a la población escolar, estamos hablando de medio millón de niños, niñas y adolescentes que sufren acoso escolar en España. En La Comunidad de Madrid, según estos mismos estudios, estamos hablando de 50.000 escolares que sufren maltrato escolar.
AEPAE recibe de media, entre llamadas de teléfono y correos electrónicos unas 5 denuncias de acoso a la semana, que contabilizan 240 denuncias al año. Hay que tener en cuenta que además del teléfono público contra el acoso escolar de ámbito nacional, muchas comunidades autónomas tienen el suyo propio, con lo que los casos se reparten por muchos cauces distintos, señalando también que todas estas peticiones de ayuda están provocadas por no haber podido resolver el problema en su propio centro educativo. Y aquí tenemos que hablar del teléfono público contra el acoso escolar, que coordina la Fundacion Anar. En uno de sus informes, la Fundación Anar destaca haber recibido 25.366 llamadas de las que 7.508 son identificadas como posibles casos de acoso escolar, y de estas solo se trasladaron a inspección educativa 278 casos, menos del 4% del total, a pesar de que el protocolo del servicio telefónico dice claramente que se debe informar a la inspección de todos los casos. Este hecho tan grave, lo denuncia Amnistía Internacional en su informe sobre la situación del acoso escolar, publicado el año pasado. Pero sí, el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid Enrique Ossorio, dice que se han producido tan solo 41 casos de acoso escolar. El sistema miente, el sistema no funciona, el sistema deja indefensas a las familias y a las víctimas de acoso escolar. El sistema no protege a las víctimas ni reeduca a los acosadores, a pesar de que el propio protocolo de actuación así lo refleja. La frase de una víctima de acoso escolar a su madre de “Mami ¿cuánto falta para estar con Dios?”, es esclarecedora. Tiene 7 años y se llama Juan Pablo, pero para el director de su colegio eso no es acoso escolar, a pesar de recibir continuas patadas, puñetazos, arañazos y de haberle roto un diente. Para ese director son cosas de niños y no es necesario abrir ningún protocolo. O los acontecimientos producidos en el instituto Ciudad de Jaén de Madrid, donde se suicidó Arancha en el año 2015 por acoso escolar, y la Comunidad de Madrid puso a su unidad de acoso escolar a disposición del Instituto y el año pasado se produjo un segundo suicidio por el mismo motivo. Pero claro es casualidad y no hay que ser alarmista.
Vamos a hacer un paralelismo entre el maltrato escolar y la violencia de género que así es posible que se entienda que el sistema está viciado de origen. Supongan ustedes que, en cualquier comunidad de vecinos, una mujer sufre agresiones continuas por parte de su cónyuge: insultos, vejaciones, agresiones físicas… y el protocolo dice que se lo tiene que comunicar al presidente de la comunidad para que investigue y decida si eso que denuncia la víctima y ratifica su familia, es o no violencia de género. El presidente de la comunidad le dice que eso son cosas normales de pareja, y que mejor dejarlo pasar para que no piense la gente que en la comunidad de vecinos hay personas agresivas y problemáticas. Que eso perjudicaría a la comunidad y que se depreciaría el valor de los inmuebles y el prestigio de la comunidad de vecinos. La mujer, presenta grabaciones, partes de lesiones y testigos al presidente, y le exige que lo comunique a instancias superiores. El presidente de la comunidad lo comunica, pero omite las pruebas documentales y en el relato de los hechos dice que no ha observado nada, que son peleas propias de las parejas y que la mujer exagera las cosas. La mujer le exige explicaciones, pero el presidente de la comunidad le dice que es una histérica y una persona muy rara y problemática, y que si no está a gusto en la comunidad que se cambie a otro domicilio. Así son las cosas.
Esta circunstancia no cambiara mientras los centros escolares sean juez y parte del proceso. Es necesaria una intervención externa por equipos especializados que apliquen un plan de intervención integral, que mida la incidencia real del acoso escolar, que proteja y empodere a las víctimas, reeduque a los acosadores, imparta formación al personal docente y a las familias, utilice material de apoyo en el aula, sensibilizando a todo el alumnado, y formando alumnos y alumnas ayudantes. Y, sobre todo, que al final del proceso vuelva a medir la incidencia, para poder medir el impacto de la intervención de manera científica y objetiva. Todo esto lo hace el Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar que desarrolla AEPAE, pero a la mayoría de los responsables políticos no les interesa esta opción, porque sería levantar la alfombra. Esperemos que esto cambie y se aborde el acoso escolar como un problema de derechos humanos que produce un gran sufrimiento en las víctimas y en sus familias y que en muchos casos les destroza la vida para siempre.
Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva
Presidente de AEPAE
