Desde que tenemos democracia, se han aprobado 8 leyes educativas. Algunas ni siquiera han llegado a aplicarse. La ley Celaá es la última, aunque previsiblemente, no por mucho tiempo, dada la controversia generada principalmente por dos circunstancias: el castellano deja de ser lengua vehicular en todo el territorio español y la inclusión obligatoria de los niños y niñas con diversidad funcional en colegios ordinarios.
Nos parece sorprendente que una ley que presume de ser progresista no profundice en un problema tan grave como es el acoso escolar. Se queda en tópicos y lugares comunes, tal como refleja el apartado A.3 de artículo 1:
“La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella”.
Para combatir el acoso escolar no basta con buenas intenciones. Esta ley necesita de forma imprescindible un plan integral de prevención del acoso escolar, mediante una intervención externa para que el centro escolar no sea juez y parte del proceso, como bien se explica en este artículo –el fraude del acoso escolar–. Que mida el acoso escolar antes de su aplicación y al finalizar el curso académico, para que se pueda analizar el impacto de manera científica y precisa. Que sensibilice a todo el alumnado, que forme a los alumnos y alumnas ayudantes, que imparta formación en prevención y detección temprana al personal docente y no docente y a las familias y que aporte materiales de apoyo, de uso en el aula. Por último y algo esencial en materia de intervención, que atienda a las víctimas y reeduque a los victimarios. Todo esto lo realiza AEPAE en su plan nacional para la prevención del acoso escolar, que lleva aplicando varios años en centros escolares con su experiencia de 15 años, atendiendo a más de 4.000 víctimas de acoso escolar, y todo ello sin ningún tipo de apoyo institucional, a pesar de ser incluso un recurso de derivación del teléfono público que gestiona la Fundación ANAR (que recibe medio millón de euros anuales).
Ahora vamos a centrarnos en la inclusión obligatoria de los niños y niñas en colegios ordinarios. La ley dice que será progresiva en un plazo de 10 años y que dotará a los centros de recursos para ello. Esto es poco creíble por el simple hecho de que en los presupuestos recientemente aprobados no existe una partida económica para este fin. Lo que significa que no hay una voluntad real de hacerlo, o que se hará mal y tarde. No se puede conducir un coche sin ruedas porque no se moverá, ni circulará hacia ningún lado. Será inservible para su propósito: Igual que una educación inclusiva sin los recursos necesarios. Con la infancia no se juega a hacer política. En estas circunstancias, estas personas pequeñas y frágiles estarán condenadas al infierno.
No hay que ser muy inteligente para deducir que, si ya es difícil mantener la infraestructura de los colegios de educación especial, una vez vaciados de la mayoría del alumnado, su supervivencia será breve. Conociendo el funcionamiento de estos centros escolares, es patente que deben funcionar como una maquinaria perfectamente engrasada, donde la transversalidad de la enseñanza requiere perfiles muy diversos, con profesionales de la docencia, logopedas, fisioterapeutas, profesionales de la psicología, etc. Y, lo que es más importante, con una vocación, dedicación y compromiso que no se percibe en otros entornos educativos. Esto es una realidad y no una opinión. ¿Realmente es beneficioso para estos niños y niñas condenar a los centros de educación especial a la desaparición?
En la actualidad el 82% de los alumnos con necesidades especiales ya estudian en centros ordinarios. El 18% restante, los que cuentan con discapacidades más severas, son los que permanecen hasta ahora en centros de educación especial. Eso no es segregar, es atender a las necesidades especiales según la singularidad de estos niños y niñas. ¿No han pensado ustedes, profesionales de la política, que ese informe de 2017 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas no conoce la realidad de la educación en España? En ese informe, se afirma que España segrega y excluye a los niños con discapacidad. También se asegura que esa presunta segregación afecta de forma grave al derecho a la inclusión educativa de este colectivo. ¿Quién conoce mejor las necesidades de estos niños y niñas, que sus propias familias? Les sacan adelante con un sacrificio inimaginable. Pasan sufrimientos y pesares, luchando muchas veces contra el sistema; y si deciden que su hijo o hija estarán mejor en un colegio de educación especial ¿quién tiene derecho a decir lo contrario? No dice uno de los postulados más esenciales del socialismo: ¿”de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades”? ¿Por qué no se aplica en este caso?
No se puede adaptar la realidad a la ideología, sino la ideología a la realidad. Muchos políticos viven en su burbuja, y sus decisiones no les afectan porque tiene los medios suficientes para elegir cualquier colegio que deseen. Pero esa no es la situación de la gran mayoría de las familias. Educación inclusiva sí, pero educación especial también. Es lo sensato, lo necesario y lo que mejor protege el bienestar y la felicidad de la infancia.
No olvidemos que las dos circunstancias que propician el acoso escolar son la singularidad y la oportunidad. A mayor singularidad, mayor riesgo de sufrir acoso escolar. Obligar a estos niños y niñas con diversidad funcional a asistir a un centro ordinario es sobreexponerlos al riesgo añadido de sufrir acoso escolar. Hemos atendido a cientos de víctimas en esta situación y varias de las que se han suicidado en los últimos años al sufrir acoso escolar también tenían diversidad funcional, y es que el acoso escolar mata. Esta circunstancia debería hacernos reflexionar, y también que en muchos de los procesos de acoso escolar están latentes otros problemas, como la xenofobia, la homofobia o la violencia de género. ¿Cuándo se dará cuenta la clase política de que el acoso escolar no es un problema que se circunscriba al ámbito educativo, sino un problema de derechos humanos, como así lo refleja Amnistía Internacional? ¿Y que aplicando un plan integral de prevención del acoso escolar, estamos previniendo otros muchos problemas futuros?
Dicen que empieza una nueva época. AEPAE no pierde la esperanza de que por fin se afronte el problema del acoso escolar con la profundidad e importancia que merece. Según los últimos estudios de incidencia, en España hay 500.000 víctimas de acoso escolar. ¿Nos podemos permitir semejante despropósito? ¿Va a seguir siendo el acoso escolar cosas de niños? ¿Será necesario otro suicidio para que reaccione la clase política?
Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva
Presidente de AEPAE
