«¿Alguien sabe qué es el acoso escolar?». Con una frase así es como empieza casi cualquier charla para prevenir el hostigamiento en las aulas. Suele haber más síes que noes, aunque no todos atinan siempre con la definición exacta.
«La clave está en la repetición», explica Juan José García, uno de los agentes tutores que acude a dar estas charlas en la Comunidad de Madrid. Son figuras especializadas en los problemas del entorno educativo que, entre otras funciones, también acuden a dar sesiones informativas en las clases sobre el acoso a compañeros. «Acabamos de saber lo que ha ocurrido en Ciudad Lineal«, desvela.
Habla de un vídeo publicado por Telemadrid y en el que, pese a que las imágenes están pixeladas, se aprecia cómo una persona propina una brutal paliza a otra. Según la noticia, las protagonistas son dos jóvenes de 12 años que estudian en un colegio del distrito madrileño de Ciudad Lineal. El nombre del centro no ha trascendido, aunque la información sí aporta el testimonio de una mujer que, bajo un nombre ficticio, asegura ser la madre de la chica agredida. «Me contó que el lunes la amenazaron, pero no dijo nada a nadie […]. Al día siguiente a la salida, una de ellas [de las chicas que supuestamente la increparon] le pegó la paliza».
De confirmarse que hubo amenazas reiteradas en el tiempo sí estaríamos ante un caso de acoso escolar. Si no, se trataría de una agresión puntual, aunque también condenable. Es a lo que se refería el agente tutor cuando hablaba de que la repetición es realmente lo que determina si ha de aplicarse o no el protocolo por bullying, que implica una investigación más profunda para llegar a una conclusión. Pero, más allá de estos trámites gestionados por el propio centro, ¿quién protege a los menores cuando hay sospechas de acoso escolar?
El protocolo en Madrid
En el caso de Ciudad Lineal, de momento hay más dudas que certezas. Aunque la Comunidad de Madrid –de la que dependen las inspecciones educativas a los centros– ha confirmado a este periódico que recibieron el aviso esta semana, no ha revelado el nombre del centro ni detallado qué les comunicaron exactamente. Únicamente indican que se ha abierto un expediente al centro a fin de conocer más detalles. Fuentes de la Policía Nacional aseguran que no les consta ninguna denuncia por los hechos, tampoco durante la jornada del martes, cuando se publicó la noticia.
La Administración regional cuenta con sus propios protocolos para actuar ante casos de este calibre, e incluso actualizó recientemente algún punto clave. En la región, a diferencia de otras zonas del país, los testigos directos de una situación de acoso que no denuncien o intervengan también pueden ser expedientados y sancionados, de la misma forma que ocurre con los agresores. Una guía de actuación ante el asedio a estudiantes o las inspecciones educativas que acuden in situ, entre otras cuestiones, cuando se abre el protocolo ante una sospecha o denuncia.
«Si se ha abierto un expediente al centro en tan poco tiempo, cosa que no suele ocurrir, debe ser porque la Comunidad de Madrid tiene pruebas o fuertes sospechas de que ha habido alguna negligencia». Es lo que explica Carmen Cabestany, presidenta de la Asociación NACE contra el atosigamiento en las aulas. Este es un primer paso, aunque aún quedan flecos por resolver si se piensa abrir el protocolo oficial de acoso. «No puede hacerse sin que el centro tenga sospechas por indicaciones de la familia, de testigos o de la propia víctima, de una posible situación de bullying«, detalla. Por el momento, habrá que esperar.
De confirmarse que este es un caso prolongado en el tiempo, lo cierto es que no sería una excepción. Según datos de la propia Comunidad de Madrid, se han realizado hasta 400 actuaciones por acoso escolar desde el inicio del curso y hasta principios de diciembre. Algunos casos, los más dramáticos, pueden acabar incluso en suicidio. Uno de los que más conmocionó a la región fue el de Diego, el chico de 11 años que decidió quitarse la vida antes que seguir yendo al colegio. En su caso acudía el centro de Nuestra Señora de los Ángeles, en Villaverde. «Si volviera a ocurrir, probablemente seguiría desprotegido», sentencia María José Fernández, presidenta de la Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar.
«Muchos protocolos abiertos se cierran porque los testigos callan para no ser represaliados y los docentes o directores, para no dar mala imagen»
A su juicio, los protocolos actuales están obsoletos. «Es muy fácil rebajarlos e incluso falsificarlos», asegura, haciendo referencia a que «cualquier director» puede incluir en su informe sobre algún caso sospechoso ciertos detalles que atenúen la situación: «Ni a ellos les conviene que se demuestre que su centro ha sido negligente, ni a la Administración de turno le compensa mostrar que sus planes de actuación no están funcionando. Así que nadie garantiza que no incluyan anotaciones que hablen solo de problemas de convivencia, o aleguen que al no haber visto personalmente el hostigamiento no les consta ningún problema».
Otro problema frecuente es la ley del silencio. Muchos jóvenes son conscientes de que hay alguien que molesta o incluso agrede a otros compañeros, pero no se atreven a denunciar. ¿Por qué ocurre esto? «Yo creo que es por el miedo a la palabra ‘chivato’. Es un término que odio, porque amordaza a los estudiantes», expone la representante de la asociación, que apunta a cómo «muchos protocolos abiertos se cierran al instante porque los testigos callan para no ser represaliados, igual que los docentes o directores, para no dar mala imagen«.
«El sistema se autoprotege»
Según Fernández, a su asociación han llegado varios casos de ciberbullying de los que «nadie quería dejar constancia» pese a que «se han presentado pruebas». No detalla cuáles ni de qué supuestos se trata, pero sí adelanta que hablará de ello –así como del suceso en Ciudad Lineal– durante la próxima Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Será el martes que viene, y asistirá como invitada. «Este problema tiene muchos culpables. Pienso hablar de todos y cada uno de ellos», sentencia.
Uno de los más notorios, y en el que coinciden varias de las asociaciones especializadas en la lucha contra el acoso escolar que han sido consultadas para este reportaje, es el propio ámbito educativo. «El sistema se protege a sí mismo y esto impide que muchos casos salgan a la luz o tengan recorrido». Esta vez habla Enrique Pérez-Carrillo, que es el presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, la AEPAE. La suya es la principal organización a nivel estatal que vela por la seguridad de los jóvenes en las aulas fuera de las instituciones, y entre sus miembros se hallan desde profesores hasta psicólogos o abogados.
Oscurantismo, secretismo o falta de información son algunas de las carencias estructurales que perciben en cada procedimiento. «Hay veces que el centro o los profesores no ven la realidad de sus aulas. O no la quieren ver. «No es para menos, porque tampoco existe una estrategia de Estado específica dedicada exclusivamente al acoso», resuelve Pérez-Carrillo. En realidad, sí hay una hoja de ruta, aunque su alcance es mucho más amplio, pues forman parte de un plan de convivencia en las aulas que incluye cuestiones diversas y que van desde el acoso hasta el consumo de drogas o la xenofobia. «Pasan los años y seguimos desprotegidos«, concluye.
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