El acoso escolar es la forma más común de violencia en la infancia y la adolescencia, y la principal causa de suicidio en estas edades. Pero, a pesar de ello, nada cambia. El sistema sigue siendo un fraude que se protege a sí mismo y deja en absoluta indefensión a las víctimas y a sus familias.
Hoy toca hablar del protocolo de actuación del sistema educativo público, el apéndice de este fraude institucionalizado que es el acoso escolar, y que se ha convertido -de facto- en una herramienta de protección para los colegios.
Empezando con que todo protocolo de actuación se corresponde con una serie de actuaciones, programadas y escalonadas que se estructuran para solucionar un problema, es por tanto reactivo: “qué hacemos cuando algo ya ha ocurrido o está ocurriendo”. Pensemos en un protocolo de incendios: Una casa se está quemando y se activan una serie de acciones para salvar vidas. De no actuar correctamente, se pueden producir graves daños materiales y personales, e incluso la muerte.
Un protocolo bien elaborado no debería quedarse en lo reactivo, sino que debería hacer una correcta prevención, y una necesaria reparación del daño. En nuestro ejemplo: No está permitido construir con ciertos materiales por ser altamente inflamables, y -después del incendio- hay que reconstruir la casa, para que pueda ser de nuevo habitable. Sirva esta metáfora como ejemplo incuestionable, que no se aplica en absoluto, en el acoso escolar.
Después de este artículo, los responsables educativos seguirán diciendo que es un problema residual, que los casos son muy pocos y que se está haciendo lo correcto. Mientras tanto, las víctimas seguirán sufriendo un infierno, pasando por el purgatorio; y algunas irán a parar al cementerio. Así de crudo y así de dramático, pero es la realidad, y quien lo niegue está siendo cómplice de este fraude generalizado.
Los adultos que -por acción u omisión- estén permitiendo el acoso escolar, deben tener consecuencias legales por vía civil y por vía penal, para que entiendan que tienen la guardia y custodia de los menores, desde que entran en el centro escolar hasta que salen del mismo. Y, lo que es más importante, que son responsables de su seguridad física, psicológica y emocional durante todo ese tiempo.
Quiero relatarles un caso -de tantos-, como ejemplo de presunta prevaricación, que va a quedar impune porque el sistema se protege a sí mismo. La madre de la víctima me ha dado permiso para tratarlo en este artículo y darle visibilidad.
M.G.B., de 16 años, sufre maltrato escolar reiterado desde hace año y medio. Muy buena estudiante y deportista, con calificaciones de notable y sobresaliente. Una compañera de clase comienza un proceso de desvalorización, burla e intimidación, tanto en persona como en redes sociales, liderando este proceso de maltrato con un grupo cada vez más numeroso de compañeras -11 en total- que se van sumando al proceso, ante la pasividad del centro escolar. La víctima entra en un proceso de indefensión aprendida, llegando a definirse como “un corderito que le teme a los conflictos”. Suspende 7 asignaturas -era muy buena estudiante-, y repite curso, con alguna de esas acosadoras. En el nuevo curso se repite el patrón y se incrementa la intensidad del maltrato, llegando a decirle este grupo de maltratadoras: “Tenemos todo el derecho del mundo a meternos contigo y a hacerte sufrir, porque te crees mejor que las demás” sic.
Tras la insistencia de la madre, y la presentación en registro de la cronología de los hechos -que ya había comunicado repetidas veces-, el instituto abre el protocolo de actuación. Se cita a la madre a una reunión días más tarde, para comunicarle que “no se considera un caso de acoso escolar por no existir intencionalidad, repetición, desequilibrio de poder, indefensión y personalización” Sic. El escrito lo firma Concepción García Reyes, directora de IES Duque de Alburquerque de Cuellar, provincia de Segovia.
Esto es lo que está pasando en 9 de cada 10 casos de acoso escolar en España. Niños, niñas y adolescentes en situación de indefensión aprendida y ansiedad, que llegarán, si no se pone remedio, a las autolesiones y a la ideación suicida.
El protocolo es un fraude de ley por muchos motivos. El primero es que especifica que es confidencial, pero no especifica que debe ser así excepto para las familias de los menores implicados, que tienen derecho a saber qué actuaciones se están llevando a cabo, para cumplir con sus mismas directrices: proteger a la víctima, sancionar al victimario y sensibilizar a toda el aula.
La protección a la víctima se inicia con la vigilancia y el conocimiento de los adultos del centro -docentes y no docentes- de la situación, y por supuesto con la sanción -preferentemente educativa antes que punitiva- al victimario, para que entienda que hay consecuencias inmediatas y firmes; y que su entorno en el aula perciba que no se permite el acoso escolar. Pero esto no ocurre.
La víctima, con el daño psicológico y emocional, tiene que buscarse la atención psicológica de forma privada -si puede permitírselo- y en última instancia no tiene más remedio que cambiarse de colegio o instituto, si las circunstancias familiares lo permiten.
El acosador o acosadora sale impune en 9 de cada 10 casos, y los adultos que han permitido el acoso escolar también. No estoy hablando solamente del personal docente, sino también de directores, directoras e inspección educativa, que actúan -en el 90% de los casos- con connivencia en este proceso de revictimización y maltrato institucional. Esta situación de podredumbre institucional y cobardía está generando que miles de niños, niñas y adolescentes en España vivan un auténtico infierno.
Pero, queridos lectores, no sucede nada. Cuando llegue el próximo suicidio, o noticia, o vídeo viral de víctimas indefensas que sufren agresiones de todo tipo -incluso de índole sexual-, se rasgarán las vestiduras, para volver a la misma hipocresía de siempre. Desde AEPAE lo seguiremos denunciando y apoyando a las víctimas y a sus familias, realizando campañas de prevención y sensibilización, aún sin apoyo público; y campamentos de verano terapéuticos para víctimas severas de acoso escolar.
Como no nos damos por vencidos, proponemos cinco actuaciones muy fáciles de llevar a cabo, que no suponen ningún gasto extra ni esfuerzo, solo valentía, empatía y humanidad:
- Que se especifique en todos los protocolos de actuación que sean confidenciales excepto para las familias implicadas.
- Que el alumno o alumna al que se cambie de clase sea el acosador o acosadora.
- Que, una vez confirmado el acoso escolar, se pida de forma oficial el cambio de centro del acosador o acosadora, y no sea la víctima la que tenga que marcharse de su centro escolar para protegerse.
- Que se especifiquen, dentro del reglamento interno del centro educativo consensuado en el Consejo Escolar, sanciones a los adultos -docentes y no docentes- que permitan, por acción u omisión, el acoso escolar.
- Que se especifiquen, dentro del reglamento interno y aprobadas en el Consejo Escolar, sanciones educativas específicas al victimario, y que sean de obligado cumplimiento, más allá del permiso paterno o materno.
AEPAE tiene un Plan Nacional que funciona, pero dicen que no hay recursos para aplicarlo. También tenemos una propuesta de unidad contra el acoso escolar para todos los municipios de España, y muchas soluciones como expertos desde hace más de 20 años, siendo referencia nacional e internacional en materia de prevención e intervención ante el acoso escolar. No entendemos de ideologías, ni nos importan lo más mínimo. Solo nos preocupamos por el bienestar de los menores.
Aquí ofrecemos también varias herramientas para detectar e intervenir ante el acoso escolar:
Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva
Presidente de AEPAE
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