Podríamos pensar que en los últimos años se ha producido un importante avance legislativo en España con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), pero no es así.
La norma proclama la necesidad de una actuación coordinada entre los sistemas educativo, sanitario, social y judicial para detectar y proteger a las menores víctimas de cualquier forma de violencia. Sin embargo, en la práctica persiste una paradoja preocupante: la existencia de un monopolio institucional y corporativo, sobre la verdad del acoso escolar.
Con demasiada frecuencia, cuando un menor presenta síntomas compatibles con una situación de acoso —ansiedad, somatizaciones, rechazo escolar, depresión o incluso ideación suicida—, la valoración realizada por el pediatra, el psicólogo clínico, el psiquiatra infantil o los especialistas externos, queda relegada a un segundo plano, frente a la conclusión alcanzada por el protocolo interno del centro educativo. Si este determina que «no existe acoso escolar», esa conclusión adquiere un carácter decisivo, no sólo en el ámbito educativo y administrativo, sino también judicial, quedando el sistema exento de responsabilidad, y la víctima y su familia, abandonadas a su suerte. Es un plan perfectamente orquestado por el propio sistema, para protegerse a sí mismo.
El pediatra no determina responsabilidades disciplinarias; diagnostica el daño que presenta un menor y valora si ese daño es compatible con una situación de maltrato reiterado. El psicólogo evalúa el estado emocional y las secuelas psicológicas. Las familias -las personas que mejor conocen a su hijo o hija-, aportan información sobre los cambios conductuales observados fuera del entorno escolar. La propia víctima expresa -con palabras o con una actitud inhibida manifiesta-, lo que siente. Las asociaciones especializadas aportan su experiencia práctica en la identificación de patrones de victimización que, en la mayoría de ocasiones, escapan a los procedimientos ordinarios y que tampoco son tenidas en cuenta.
Cuando un menor escucha que «no hay acoso» mientras continúa sufriendo un maltrato cada vez más grave y dañino, el mensaje que recibe es que su sufrimiento carece de reconocimiento. Esa invisibilización constituye, además de una agresión institucional hacia la integridad física, emocional y psicológica del menor, un atentado directo, a sus derechos fundamentales.
Tras años de acompañamiento a cientos de familias, AEPAE ha constatado una realidad recurrente: cuando existe discrepancia entre la percepción de la víctima, las valoraciones de los profesionales sanitarios externos, de los psicólogos que atienden al menor e incluso de las propias familias, y la conclusión del protocolo interno del centro educativo, este prevalece en la construcción y establecimiento del relato: el sistema gana y la víctima es condenada al infierno.
¿Cómo es posible? Se preguntarán ustedes, pues siguiendo este proceso:
Un niño, niña o adolescente comienza a sufrir acoso escolar, su familia detecta señales de malestar psicosomático, y acude al pediatra.
El pediatra diagnostica ansiedad relacionada con una situación de acoso. El sistema dice: “es solo su opinión, un pediatra no está capacitado para decidir si es o no acoso escolar”
El maltrato continúa y la familia se ve obligada a proporcionar atención terapéutica a su hijo o hija, porque el propio sistema no se la proporciona.
El psicólogo clínico aprecia victimización. El sistema dice: «es un informe de parte: el psicólogo ha escrito lo que le dicta la familia”.
La familia relata meses e incluso años de sufrimiento al centro educativo. El sistema dice: «es una percepción subjetiva, es una familia con muchos problemas, son solo conflictos relacionales”. El centro educativo, la mayoría de las veces no abre el protocolo, o dice que lo abre y no es cierto, o lo abre y no da ninguna información del procedimiento a las familias.
El menor describe agresiones. El sistema dice: «puede haber interpretado mal los hechos. Es un niño/a problemático, y provoca la situación, no se integra».
Inspección educativa confirma un relato en el que el centro educativo, que es juez y parte del proceso, minimiza los hechos, oculta información y revictimiza al menor.
La familia decide que su hijo o hija no asista al colegio mientras no se garantice su seguridad. El sistema les amenaza con denunciarles por absentismo escolar y en algunas ocasiones a quitarle la custodia del menor. Parece una pesadilla, pero es la realidad.
Los jueces, en su gran mayoría, dictan sentencias absolutorias, ante la presunta dificultad de asociar el suicidio o el daño al acoso escolar, a pesar de que es la principal causa de suicidio en la infancia y la adolescencia. La agresión institucional persiste incluso post-mortem, el caso de Sandra Peña hace unos meses, es otra prueba más de la podredumbre del sistema de abordaje del acoso escolar.
La pregunta es necesaria y pertinente: ¿Cómo es posible que después de 22 años del primer suicidio mediático por acoso escolar, el caso Jokin, estemos en el mismo lugar?
Les voy a contestar de manera sencilla y directa: incompetencia y desconocimiento de la verdadera naturaleza del acoso escolar. Y muchas veces también, mala fe y cobardía, para salvaguardar el prestigio del colegio o del propio sistema. Para que se entienda bien y nadie se sienta ofendido, les pondré un ejemplo. Hace unos meses salió en televisión una campaña pública que desarrolla el Plan Director, en colaboración con la Fundación Anar. Casualmente se emitió poco después del suicidio de Sandra Peña, ante la alarma social del suicidio -otro más- de una menor que estaba sufriendo acoso escolar en un colegio de Sevilla.
En el citado reportaje, aparecía un policía que, con su mejor intención, estaba dando una charla en un aula de 5º de primaria, explicando qué es el acoso escolar. Decía: “el acoso escolar tiene que ser continuo, intencionado y hacerle daño a la víctima y si no se cumple uno de los tres requisitos no es acoso escolar”. Para que entendamos que estas afirmaciones están contribuyendo a perpetuar el acoso escolar y a justificar acciones que lo niegan e invisibilizan, voy a explicar cada concepto.
Continuado o reiterado tiene que serlo, pero hay que especificar cuanto y por qué. Si el maltrato ocurre una sola vez es un hecho puntual. Si ocurre dos veces, puede ser casual. Pero si ocurre tres o más veces ya es acoso escolar, porque empieza a ser sistemático contra el mismo niño o niña y comienza -es el primer punto de inflexión- la expectativa, la anticipación del próximo suceso de maltrato, la somatización y el continuo estado de alerta. Decir meramente continuado es no decir nada. ¿Quién decide cuantas veces? Recuerdo una frase de un inspector de educación de Valladolid, que le dijo a una madre: “tu hijo no sufre acoso escolar porque no le pegan más de tres veces a la semana” (sic).
Vayamos al segundo concepto: “intencional”. NO hay que demostrar la intencionalidad en el acoso escolar. La intención está implícita per se en el proceso, porque el que acosa lo hace siempre, porque obtiene un beneficio, sea el que sea: popularidad, visibilidad, controlar el material deportivo, apropiarse de objetos, comida o dinero, etc. Se confunde además con la conciencia del daño: el no tener conciencia del daño no justifica maltratar a nadie.
El tercero es el más peligroso, el que “haga daño”. En todo caso, para demostrar de manera fiable que hay daño, habría que realizar una prueba diagnóstica y un informe pericial. Hay que entender que en todo proceso de acoso escolar hay tres parámetros fundamentales: la frecuencia del acoso -la gota a gota-, la intensidad -episodios de especial gravedad o virulencia- y la resiliencia -la capacidad de la víctima para gestionar el proceso-. El daño SIEMPRE va a estar en proceso, incluso si no es visible. No entender esto es no entender nada. ¿Por qué se suicidan entonces los niños que lo sufren? ¿Por qué la mayoría de las veces se dice que no lo hemos detectado?. Ya hemos publicado en nuestro blog, muchos artículos sobre el daño que origina el acoso escolar en el corto, medio y largo plazo. El acoso escolar destroza vidas: El impacto traumático del acoso escolar en el cerebro – AEPAE
Pero lo más grave es la frase de cierre: “si no se cumple uno de los tres no es acoso escolar”. Esto es una campaña pública, con dinero público y con el apoyo de la Fundación Anar, que gestiona el teléfono público contra el acoso escolar. Poner la prevención del acoso escolar en manos de personas presuntamente expertas, que incluso con su mejor intención no lo son, nos lleva a perpetuar el acoso escolar. Hay que hablar claro.
Han sido ya muchas veces las que nos han pedido materiales y presentaciones desde la policía que desarrolla esta labor. Nuestra respuesta: encantados de ayudar. Proponemos una formación intensiva para que tengan el conocimiento especializado y puedan transmitir el mensaje correcto. Ningún avance en este sentido. Las universidades, sin embargo, ya están solicitando formación al futuro profesorado -ya hemos impartido formación en la Universidad de Valladolid y de Soria y tenemos programadas otras formaciones en el curso que viene-. Aquí sí estamos avanzando, lentamente, pero avanzando. Es fundamental que el personal docente tenga conocimiento especializado y realista en prevención e intervención ante el acoso escolar.
No solamente hay que denunciar la situación y explicar las razones de la alta incidencia del acoso escolar y el profundo daño que genera en la infancia y la adolescencia. Hay también que aportar soluciones. Pero soluciones basadas en la realidad y de probada eficacia. Las soluciones de brocha gorda no funcionan. El acoso escolar requiere pinceles finos, considerando cada uno de los contextos: educativo, social, legal y terapéutico, para que el abordaje sea eficiente
Lo primero que hay que entender es que un plan de convivencia no es un plan de prevención del acoso escolar. Esto sería lo mismo que pensar que una ley del buen trato solucionaría la violencia de genero. De la brocha gorda hay que pasar al trazo fino. Las medidas reactivas para apagar la alarma social son solo medidas cosméticas: la última de todas, el proponer que el menor que se marche del colegio sea el agresor y no la víctima, es correcto, pero se queda en una bonita declaración de intenciones -otra más-, que no será viable si no cambia la estructura de abordaje.
Lo segundo, que un sistema reactivo basado en la apertura del protocolo, ni ha funcionado ni va a funcionar. El uso de un extintor para apagar el fuego es una herramienta necesaria, siempre que el extintor funcione y se aplique con la mayor celeridad posible. Pero previamente hay que prevenir, sensibilizar y detectar en forma temprana empleando herramientas adecuadas. Trabajar la empatía o la inteligencia emocional, son marcos generales y transversales necesarios, pero insuficientes. Para una prevención eficiente del acoso escolar es necesario un plan integral específico.
La prevención implica una estructura de abordaje que integre al alumnado, al profesorado y a las familias, dentro de un marco común. Una formación que sensibilice, que delimite la conceptualización del acoso escolar, sus señales de alerta y sus canales de comunicación. Todo esto está estructurado en el plan nacional que desarrolla AEPAE, con su experiencia de 20 años y la comprobación de su eficacia.
Lo tercero es entender que el principal predictor de daño, es el tiempo. La detección temprana, utilizando una herramienta científica y objetiva, es una necesidad. Un sociograma no mide el acoso escolar, tan solo la filiación en el aula. El test AEPAE (Análisis Estadístico de la Prevalencia del Acoso Escolar), mide la incidencia del acoso escolar, la victimización, la tipología, los factores de riesgo, los lugares de mayor incidencia, el conocimiento del fenómeno y la implicación del alumnado, profesorado y familias. Un diagnóstico preciso, con un informe de recomendaciones, que sirve de hoja de ruta al centro educativo: se puede medir el acoso escolar y el contexto global. AEPAE, dispone de esta herramienta, que puede cambiar la estructura de abordaje del acoso escolar en los centros educativos.
Lo cuarto, es que hay que entender que el acoso escolar genera indefensión aprendida a todas las víctimas en mayor o menor medida, lo que implica la necesidad de ayudar a los menores que sufren o han sufrido acoso escolar. De lo contrario, integrarán el rol de víctima en su propia personalidad, como parte de su propia identidad. Esta es la causa por la que muchos niños y niñas, siguen sufriendo acoso escolar a pesar de cambiar de centro educativo: su actitud pasivo-inhibida ejerce de semáforo en verde para potenciales acosadores. Las víctimas de acoso escolar pierden la chispa, la esperanza y las ganas de vivir. Esta situación es reversible, pero requiere una intervención terapéutica. AEPAE lleva desarrollando para este cometido, su taller de habilidades asertivas, implementado ya a más de 500 niños, niñas y adolescentes, con unos resultados extraordinarios, aplicando su metodología del “círculo de confianza”, que aplica dentro de su plan integral certificado para centros escolares. Para los casos más graves -intentos de suicidio, autolesiones y estrés postraumático-, desarrollamos desde hace ya 9 años, el campamento de verano terapéutico para víctimas de acoso escolar.
Pero no solo genera daño en la víctima, sino normalización de la violencia y aprendizaje para el victimario de que la violencia es rentable: el acosador, repetirá sin ninguna duda, estas actitudes en otros ámbitos: mobbing y violencia de género. Tuve la oportunidad de asistir a un juicio en fiscalía de menores en el que un adolescente de 17 años, acosador reincidente en varios centros educativos, estaba maltratando a su novia y a su madre: de esos polvos vienen estos lodos. El victimario necesita, más que una sanción punitiva, como la expulsión -que pocas veces funciona-, una sanción reeducativa: motivada, adaptada a la tipología del maltrato, la edad y la gravedad de la acción, y que le cueste esfuerzo. En nueve de cada diez casos, el acosador o acosadora quedan impunes. (Este artículo lo explica detalladamente:Acoso escolar y reeducación social – Alfa y Omega ). Es imprescindible incluir a los victimarios en la ecuación: AEPAE dispone de un taller de reeducación, que trabaja la confianza y colaboración. el control de impulsos, la asertividad, la empatía y la compasión y el compromiso de cambio.
Lo que estamos exigiendo es sencillamente lo que el protocolo no cumple: proteger, sancionar y sensibilizar. Un protocolo que es lento, burocrático y opaco, amparado por un fraude de ley: la confidencialidad va en contra del principio del interés superior del menor. Lo confidencial son los datos del menor, NO el procedimiento. Sin embargo, tanto desde el centro escolar, como desde inspección educativa, defienden que es confidencial, y eso es sencillamente, mentira. Sería tan fácil como especificarlo en el protocolo. Llevamos denunciándolo desde hace más de 10 años. ¿por qué no lo han modificado?
Hay que hablar también de la figura del coordinador del bienestar. Una figura necesaria, pero que requiere de varios ajustes para que funcione: una formación práctica y realista impartida por especialistas con probada experiencia. El reconocimiento de su labor, con la remuneración de las horas de trabajo realizadas y un control externo de su actividad, para que no esté condicionada por el interés de parte del centro educativo.
No podemos terminar este artículo, sin hablar de la mediación, una solución cobarde, incompetente y revictimizadora. El acoso escolar NO es un conflicto, es maltrato ejercido de manera reiterada hacia un menor. NO se media cuando hay violencia de género. NO se media cuando hay acoso escolar. Ambos tipos de violencia tienen muchos paralelismos. Las personas que defienden esta solución no saben qué es el acoso escolar ni el daño que ocasiona. No puede haber mediación porque ni hay equilibrio de poder, ni la víctima quiere sentarse frente a su agresor, para que deje de insultarle, golpearle o humillarle.
Tenemos la oportunidad de hacer un cambio en la estructura de abordaje del acoso escolar. El Plan Nacional de AEPAE, con sus 22 delegaciones y más de 100 especialistas, puede articular cada una de las intervenciones necesarias en la prevención, detección temprana e intervención, de acuerdo con la LOPIVI y la figura del coordinador del bienestar. Podemos seguir otros 22 años esperando el próximo suicidio por acoso escolar cada pocos meses, o intervenir con responsabilidad, humanidad y conocimiento.
Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva
Presidente de AEPAE
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