Podríamos pensar que en los últimos años se ha producido un importante avance legislativo en España con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). La norma proclama la necesidad de una actuación coordinada entre los sistemas educativo, sanitario, social y judicial para detectar y proteger a las menores víctimas de cualquier forma de violencia. Sin embargo, en la práctica persiste una paradoja preocupante: la existencia de un monopolio institucional y corporativo, sobre la verdad del acoso escolar.