El pasado 3 de noviembre acompañé a Jose Manuel López, padre de Kira, víctima de acoso escolar que se suicidó el 19 de mayo de 2021, a entregar 232.000 firmas en el Congreso de los Diputados, para la creación de una ley específica contra el acoso escolar y un plan nacional, articulado con recursos económicos. José Manuel le entregó en mano una carta de apoyo de nuestra asociación, a la ministra de Educación, con un resumen de la situación y con las necesidades reales que hay que cubrir.

Acoso escolar, Matrix y el mundo de Yupi

Hasta la fecha ninguna noticia, más allá de buenas intenciones, como siempre, políticamente correctas. Como ejemplo, las declaraciones del secretario de Estado, diciendo que hay que abordar el problema del acoso escolar de forma sistémica e instituir la cultura de la convivencia pacífica y la defensa de los niños vulnerables.

Siempre me ha sorprendido la capacidad de los responsables políticos, en este caso de educación, de hablar con elocuencia de cualquier cosa, sin aportar ninguna solución. Nadar y guardar la ropa, y que no les salpique ninguna tragedia.

Estamos entre Matrix y los mundos de Yupi, esa famosa serie infantil que simboliza estar en la parra o no tener los pies en el suelo. Es inaudito que en el observatorio por la convivencia no tenga representación ninguna asociación de ayuda a las víctimas y sus familias. Supongo porque lo primero que diríamos es que las medidas que se están tomando son ineficaces y son cortinas de humo para no afrontar el problema con la firmeza y profundidad necesarias. Habría que darles la pastilla roja, para que asuman la realidad de los datos y los hechos, en lugar de la azul, que les mantiene en la ignorancia autocomplaciente.

Otro parche más es la del coordinador de bienestar. A priori, la existencia de una figura externa, especializada en el bienestar del alumnado, puede parecer imprescindible, pero caemos en las mismas contradicciones. La gran mayoría de coordinadores y coordinadoras, son profesores de los centros educativos, a los que les han dado una formación virtual de 20 horas no tutorizadas, y tendrán que afrontar su labor sin recursos específicos para ello, ni de tiempo ni salariales. Otro parche más en la prevención del acoso escolar.

Es necesaria una ley específica contra el acoso escolar, y un plan nacional, articulado con recursos suficientes. El acoso escolar mata y debe tener un tratamiento específico y concreto. Según los últimos estudios de incidencia, 3 millones de niños, niñas y adolescentes, sufren acoso escolar en España.

Volvemos a denunciar por enésima vez cuáles son las fallas del sistema, que deja en absoluta indefensión a las víctimas y a sus familias:

La primera falla es que en los centros escolares no se mide la incidencia del acoso escolar y en unos pocos se usa el sociograma como herramienta de medición, cuando se trata meramente de un mapa o gráfico de la filiación dentro del aula. Debemos entender que el acoso escolar, por definición, permanece oculto a los ojos de los adultos y que analizar la incidencia con una herramienta psicométrica precisa, es necesario.

La segunda falla es la de una formación insuficiente del personal docente, que muchas veces se ve obligado a formarse por sus propios medios y con la información que pueden encontrar en internet. No hablamos de una formación teórica o de aprender a cumplimentar el protocolo, sino de una formación práctica y operativa, porque cuando hablamos de acoso escolar el tiempo es un factor esencial: a mayor tiempo de detección e intervención, mayor daño en la víctima. Daño que puede resultar irreparable, normalizando una indefensión aprendida de la que les será difícil desprenderse en su vida futura.

La tercera falla es el protocolo de actuación, que como bien apunta el juez de menores D. Emilio Calatayud, puede incurrir en un fraude de ley. El protocolo tiene muchas trampas. La primera es la de su confidencialidad. Debe ser confidencial para todo el mundo, excepto para las personas implicadas: especialmente para la víctima y el victimario y por supuesto para sus familias. ¿Como si no, puede la víctima cerciorarse de que la cronología de los hechos relatada en el mismo es objetiva o se trata de la versión del centro escolar encaminada a minimizar o justificar el maltrato? ¿Cómo puede la familia de la víctima cerciorarse de que el centro escolar ha aportado las pruebas documentales que adjunta? Partes de lesiones, informes del psicólogo o denuncias en la policía, son a menudo obviadas u ocultadas.

¿Qué piensan ustedes, que ocurre cuando ese protocolo llega sesgado o manipulado a inspección educativa? Que es desestimado en 9 de cada 10 casos, de los pocos que se llegan a abrir efectivamente, y siempre después de la insistencia hercúlea de las familias. ¿Les van cuadrando ya las cuentas de la manipulación de la incidencia?

Otra de las consecuencias de la confidencialidad del protocolo es la falta de información de las familias que deciden denunciar por vía civil o penal al centro escolar, a las familias o al equipo docente o directivo, como última opción. Estamos hablando en estos casos extremos, de daños psicológicos y físicos contrastados.

¿Y qué dice el protocolo de la asistencia a las víctimas? Que hay que atenderlas. La triste realidad es que las familias se tienen que buscar la atención psicológica por vía privada -las familias que pueden permitírselo o la tienen cerca-. Si optamos por la atención primaria, los recursos son insuficientes y la coordinación entre pediatría, psicología y servicios sociales no es siempre la más adecuada ni en tiempos ni en especialización.

También habla el protocolo de reeducación a los victimarios, pero la realidad es que, a pesar de ser considerado el acoso escolar como una falta muy grave, no se aplican las sanciones del reglamento disciplinario del centro escolar, por falta de recursos, autorización de las familias o formación especializada, optando el centro escolar a la expulsión del menor: sanción más punitiva que educativa y muy poco eficiente. La realidad es que el acoso escolar la mayoría de las veces queda impune y el sistema castiga a la víctima, obligando a las familias a cambiarse de colegio.

Esta es la situación actual y quien no quiera verla está siendo cómplice del sistema. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con este fraude institucionalizado? El acoso escolar es la principal causa de suicidio en la infancia y la adolescencia: Jokin, Laura, Diego, Arantxa, Kira… O cambiamos el sistema o seguiremos lamentándolo.

Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva
Presidente de AEPAE

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