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JORGE PASTOR (@JorgePastorS) | IDEAL GRANADA | 24 marzo 2017 – 11:08

Dicen que las estadísticas son frías. Dicen también que las estadísticas son el mejor antídoto contra los silencios (a veces cómplices). Las cifras están ahí. Y reflejan que el 23,3% de los escolares, prácticamente uno de cada cuatro, sufren acoso escolar, uno de los grandes problemas ‘silenciados’ del sistema educativo y, por extensión, de la sociedad española. De ello se habló ayer alto y claro en la Escuela de Padres de IDEAL. Lo hicieron el presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), Enrique Pérez, y el juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud. El salón de actos del ‘cubo’ de CajaGranada se llenó de padres, docentes y también algunos chavales que, tras las intervenciones de Pérez y Calatayud, aportaron sus experiencias y alimentaron el debate.

Enrique Pérez comenzó su ponencia dejando claro de qué estábamos hablando. El acoso escolar se define como «cualquier forma de maltrato entre escolares que se produce de forma reiterada -al menos tres veces- tanto en el aula como en las redes sociales», comento Enrique Pérez, quien puso el acento en dos elementos clave: frecuencia e intensidad. Y recordó el caso de Jokin, el crío de Hondarribia que se suicidó en 2004 porque no aguantaba más. No fue el primer caso, pero sí el primero mediático. El que encendió las alarmas. Según Enrique Pérez, «no existe un perfil definido de acosado ni de acosador, aunque siempre hay dos factores que sitúan a las víctimas en el foco: la singularidad y la oportunidad». «Cualquier circunstancia puede colocar a un niño en el punto de mira».

Enrique Pérez advirtió del error que implica considerar que si no hay daño, no hay acoso. Y agregó que hay chiquillos que tienen capacidad para normalizar el insulto. «Es un proceso sumatorio; si no intervenimos, el problema siempre irá a más, nunca a menos». La última barrera es la de la agresión, que en el diez por ciento de los casos es física y en el noventa por ciento restante, psicológica.

El Informe Cisneros dice que el denominado ‘bullyng’ lo sufren el 24,4% de los niños y el 21,6% de las niñas. Respecto a los niveles educativos donde se produce con más frecuencia, los mayores porcentajes se observan en los primeros años de Primaria, entre los siete y los ocho años. ¿Cómo medirlo? A juicio de Enrique Pérez, el test más válido es el Tebae, donde se valoran vectores como frecuencia, intensidad y daños que padecen las víctimas. En este sentido, el experto insistió en la necesidad de una intervención rápida, «no más de una semana», frente a los protocolos por los que se rigen los centros, «que normalmente son genéricos, administrativos y burocráticos». Además, Enrique Pérez abogó por la imposición de sanciones de carácter educativo para los acosadores. «Que les cueste un esfuerzo; la expulsión es lo más cómodo e incluso se intensifica el hostigamiento cuando el agresor retorna al colegio».

Y es que el sistema tiene grandes lagunas en España para atajar, con celeridad y efectividad, el acoso escolar. Primero porque existe una negación institucional, incluso a veces por la propia inspección. Además, la carga de la prueba siempre recae sobre los padres de la víctima. A todo ello hay que sumar la sensación de impunidad que tienen los acosadores, la desatención hacia los afectados, la formación insuficiente para reaccionar ante este tipo de situaciones y la necesidad de un estudio de incidencia realista. También enumeró los síntomas que evidencian, tanto en el hogar como en las clases, que un niño sufre acoso: cambio de comportamiento, temor al colegio, explosiones de ira, insomnio y pesadillas, ansiedad y tristeza, dolores de cabeza y estómago, reducción del rendimiento académico, ideación suicida y estrés pos traumático.

El juez Calatayud insistió, por su parte, en que estamos ante un problema oculto que no cuenta con la implicación de los centros escolares, «que tapan mucho». «Es un tema que si no se ve, no existe», aseguró. Y explicó su propia experiencia profesional. En los 28 años que lleva en el juzgado de menores, no más de 35 casos. «No me lo creo», afirmó. «En cualquier caso -reflexionó- el hecho de que estos asuntos terminen en la justicia significa que el resto ha fallado, y esto es lo realmente preocupante». La denuncia ante los tribunales tiene efecto para los mayores de 14 años, mientras que para los que tiene entre 12 y 13 se admite la demanda, pero sin respuesta judicial.

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